Por primera vez, los mayores de 55 años en España tienen una tasa de paro superior a la del resto de la población activa. Se sitúa en el 9,8 % en los tres primeros trimestres de 2025. Según la Fundación BBVA y el Ivie, esta tendencia comenzó en 2023. Además, quienes pierden empleo a partir de esa edad enfrentan mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. Por el contrario, los trabajadores con trayectoria estable conservan cierta seguridad. Sin embargo, los desempleados sénior sufren precariedad creciente, con menor probabilidad de recolocación y peores condiciones cuando consiguen un nuevo empleo.
La Ley de Segunda Oportunidad gana protagonismo
El desempleo de larga duración en mayores de 50 años ha generado cambios en los juzgados. Cada vez más personas recurren a la Ley de Segunda Oportunidad para reestructurar sus deudas. Según Asoban Abogados, este perfil de deudor no es el estereotipo habitual de jóvenes sin patrimonio. Por el contrario, son ciudadanos con trayectoria laboral prolongada y bienes como vivienda. Además, la pérdida de empleo o de negocios autónomos, agravada por deudas de préstamos ICO, ha deteriorado su situación económica. Por ello, la Ley se ha convertido en un recurso clave para renegociar obligaciones financieras sin perder el patrimonio esencial.
Planes de pago y adaptación financiera
Para conservar bienes y reestructurar deudas, tribunales y abogados promueven planes de pago adaptados a la capacidad real del deudor. Estos mecanismos permiten acuerdos extrajudiciales o convenios judiciales que evitan la liquidación total del patrimonio y mantienen la titularidad de viviendas u otros bienes relevantes. Además, este enfoque equilibra la protección del deudor con el cumplimiento de los acreedores, alineándose con la función social del procedimiento. Por último, el auge de este perfil coincide con un envejecimiento demográfico y el aumento del gasto en pensiones, subrayando la vulnerabilidad económica de los trabajadores sénior al final de su vida laboral.
