Durante la pandemia de COVID-19, muchos autónomos recibieron prestaciones por cese de actividad para cubrir la pérdida de ingresos. Estas ayudas, reguladas por el Real Decreto-ley 8/2020, se concedieron de manera urgente y, en algunos casos, de forma provisional. Como resultado, se generaron revisiones y reclamaciones de reintegros. Por ello, surge la pregunta: ¿deben devolver los beneficiarios estas cantidades cuando el error es únicamente de la Administración?
Caso Cakarevic y protección del derecho a la propiedad
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió en el caso Cakarevic c. Croacia (2018) que no se puede obligar a devolver prestaciones indebidamente percibidas si se cumplen tres condiciones: primero, el error es solo de la Administración; segundo, el beneficiario actuó de buena fe; y tercero, el reintegro supone una carga desproporcionada que afecta a necesidades básicas. En España, el Tribunal Supremo ha aplicado esta doctrina en casos de subsidio por desempleo, reconociendo la protección de la confianza legítima y evitando que los ciudadanos sufran consecuencias por errores administrativos.
Aplicación en prestaciones por cese de actividad
En las ayudas Covid para autónomos, la aplicación de la doctrina Cakarevic no es uniforme. Algunas sentencias la aplican cuando la prestación cubre necesidades esenciales y el error es claramente administrativo. Sin embargo, otras la descartan porque las ayudas eran provisionales y revisables. Esta disparidad genera inseguridad jurídica, por lo que el Tribunal Supremo podría unificar criterio. Por tanto, los autónomos que recibieron estas ayudas y luego se las reclaman deben alegar su buena fe y la carga desproporcionada del reintegro para intentar evitar la devolución.
Fuente: Economist&Jurist
