El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, impuso una multa de 64 millones de euros a Airbnb. Esto ocurre porque más de 65.000 anuncios de viviendas turísticas se publicaron sin la licencia correspondiente. Además, la plataforma permitió números de registro falsos y desobedeció requerimientos durante la investigación. Por ello, Bustinduy señaló que la medida protege los derechos de los consumidores frente a empresas poderosas.
Proceso sancionador y acciones legales de Airbnb
El expediente sancionador comenzó en octubre de 2024 tras la notificación de la publicidad ilícita. Sin embargo, Airbnb recurrió ante Consumo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Aun así, la multa se mantuvo. La compañía anunció que recurrirá la sanción porque considera que viola la normativa española y europea. Esto podría llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE y retrasar su resolución. Mientras tanto, Airbnb afirma que ha colaborado con la nueva normativa desde julio. Por ejemplo, más de 70.000 anuncios ya cuentan con un número de registro válido.
Otras sanciones y contexto regulatorio
El Ministerio de Consumo ha aumentado las medidas contra prácticas abusivas en otros sectores. Por ejemplo, multó a 26 operadores de juego online con 33 millones de euros. También sancionó a la inmobiliaria Alquiler Seguro con 3,6 millones por abuso de posición dominante. Además, en noviembre de 2024, cinco aerolíneas recibieron multas por 179 millones debido a cobros abusivos y falta de transparencia. Por ello, organizaciones de consumidores como Asufin apoyan estas decisiones. En su opinión, las plataformas tecnológicas no pueden actuar solo como intermediarios y deben asumir responsabilidades por sus servicios.
Fuente: ElPaís
